La filial española del Grupo Maersk, envió una notificación al Gobierno de Guatemala sobre su Intención de iniciar un arbitraje internacional en contra del Estado de Guatemala.
Los hechos comenzaron a desarrollarse el 27 de mayo de 2016, cuando la Procuraduría General de la Nación PGN) interpuso un recurso ante la quinta sala del Juzgado Contencioso Administrativo, solicitando la nulidad del contrato de usufructo, que constituye la base legal para la construcción y operación de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
El 5 de diciembre de 2017, ese mismo tribunal notificó la decisión de declarar nulo al contrato de usufructo. Lo que según expuso APM Terminals en un comunicado, la ha puesto en una situación de gran incertidumbre y riesgo.
Mogens Larsen, director del Portafolio de APM Terminals para Latinoamérica expresó que «la compañía ha dedicado bastante tiempo y esfuerzos en tratar de resolver una situación que se originó con anterioridad a nuestra adquisición de la Terminal de Puerto Quetzal, pero después de casi dos años y medio, la situación sigue sin resolverse, por lo tanto, nos vemos obligados a proteger la inversión sustancial que hemos realizado y los compromisos que hemos demostrado con Guatemala”.
Actualmente, APM Terminals Quetzal genera más de 400 empleos directos e indirectos, opera a un 80% de capacidad y cuenta con planes de expansión y mejoramiento para cumplir con los requisitos del mercado y ayudar a Guatemala a mantener el liderazgo regional estratégico en el manejo de contenedores.
Mogens Larsen agrego que “la nulidad del contrato de usufructo y el consiguiente cierre de la terminal no solo tendrá un impacto en el Grupo Maersk, sino que también tendría un impacto negativo severo en la conectividad del comercio exterior de Guatemala, su infraestructura portuaria y el empleo local».
Según APM Terminals, un arbitraje de Inversión internacional podría tener efectos adversos para Guatemala en el área de la inversión extranjera directa y la calificación del riesgo país.
Adicionalmente, el Estado de Guatemala podría verse en la obligación de compensar no solo el deterioro de la inversión que se ha dado hasta el momento, sino también a pagar la restitución de las inversiones realizadas en Guatemala, que a la fecha ascienden a más de US$1.200 millones aproximadamente.
Antecedentes del caso
Guatemala y España firmaron el Instrumento Internacional para la Protección de las Inversiones Aplicable (APRI) para la promoción y protección recíproca de inversiones, que entró en vigor en mayo de 2004.Según el APRI, el inversionista, que en este caso es la filial española del Grupo Maersk, puede notificar al otro estado contratante (el gobierno de Guatemala), la existencia de una disputa que inicia un periodo durante el cual el inversionista y el Estado contratante deben entablar conversaciones sobre la resolución de la controversia. Luego de transcurrido dicho periodo, si no se llega a un acuerdo, el Inversionista puede iniciar un arbitraje Internacional.
Fuente: Mundo Marítimo
