La aprobación de la norma era exigida por la Unión Europea para levantar la tarjeta amarilla al Ecuador. El proyecto establece el marco jurídico adecuado para cumplir con los parámetros técnicos, de inocuidad, calidad y trazabilidad en el sector acuícola, pesquero y actividades conexas, a fin de responder a la demanda de los mercados internacionales.