Por: Ing. Roberto Aspiazu E.
Director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE)
Fue concebida en el marco de la discusión de la Ley de Reactivación Económica a finales del año pasado, con finalidad exclusivamente recaudatoria. Entonces se dijo que la tasa aduanera de control del contrabando generaría alrededor de 600 millones de dólares anuales, un sucedáneo de las salvaguardas aplicadas de abril 2015 a junio 2017, aunque a la postre ha representado una fracción de ese monto. Aun así, se mantiene como un irritante en la relación comercial del Ecuador con terceros países, al tener el efecto de una sobretasa arancelaria que jamás se ha justificado.
Desde que se aplicó en noviembre pasado, en base a una mera resolución administrativa, nunca tuvo el respaldo de un programa de lucha contra el contrabando, que debió acompañar su aplicación. Pero como era un mero pretexto, el tema se impuso a troche y moche a pesar de la protesta de los sectores comercial y productivo, en general, que ha debido asumir el sobrecoste.
La Comunidad Andina de Naciones, CAN, resolvió invalidar la tasa al considerarla un gravamen, pero como era previsible el Gobierno ha apelado la decisión de modo que la resolución comunitaria ha quedado en suspenso.
Es tan arbitraria su aplicación que en cinco meses ha recaudado 27 millones de dólares, cuando el presupuesto anual de la Servicio Nacional de Aduanas, SENAE, es de 50 millones de dólares. Esto quiere decir que, en teoría, la lucha contra el contrabando es tan descomunal que representa un presupuesto superior al de la propia institución.
Empero hasta ahora se conoce al alcance del citado plan, que todos sabemos no existe. Es una mera ficción para justificar la avidez recaudatoria del fisco y el SRI.
La paradoja es que vivimos un gobierno de transición, después de una década de autoritarismo correísta, pero las prácticas en muchos ámbitos, incluido el Comercio Exterior, siguen siendo las mismas. Se mantienen una serie de obstáculos y trabas, con la finalidad de equilibrar forzosamente la balanza de pagos, sin reparar en los perjuicios ocasionados.
Y las contradicciones que acarrea son múltiples y, sin duda, la más contraproducente es la propia imagen del Ecuador, que con una economía dolarizada necesita promover el comercio y las inversiones relacionadas.
Sin duda merma la credibilidad de la marca/país cuando un embajador como el ministro del ramo, Pablo Campana, se esfuerza al recorrer distintas capitales mundiales promoviéndonos como un socio serio y confiable, que respeta las reglas del juego del intercambio bilateral, sin apelar a cortapisas o subterfugios. La tasa aduanera es un mentís rotundo a esa buena fe manifestada en el discurso, pero que no se refleja en las acciones. Desde ese punto de vista constituye una vergüenza, una flagrante afectación a la imagen nacional.
Campana lo entiende así, y en un reciente evento empresarial de promoción de inversiones en Quito, manifestó sin ambages sus reparos a la tasa, consciente de la serie de efectos colaterales que acarrea.
Para el sector exportador constituye un riesgo porque en cualquier momento puede suponer medidas de retaliación comercial por parte de países amigos. Tal es así que delegaciones gremiales se han desplazado a Bogotá y Lima, para explicar a sus autoridades el total desacuerdo del sector privado con la aplicación del gravamen.
Pero ciertamente no es el único irritante. Preocupa que el Gobierno, en el marco del Programa Económico anunciado el 2 de abril pasado, continúe considerando el incremento del arancel a 375 subpartidas arancelarias de bienes de consumo. Un despropósito toda vez que dichos productos se encuentran en techos consolidados de la OMC desde 2008, de modo que cualquier aumento tendría que darse mediante la adopción de aranceles específicos por unidad o por peso, que aumentaría exponencialmente su valor.
Sin duda una paradoja considerando que mediante la tasa se pretende impulsar una lucha exitosa de control del contrabando, mientras que por el otro lado se procura restringir las importaciones incrementando el precio de los bienes de consumo, situación que no hará sino estimular el comercio ilegal.
No cabe la menor duda que la política de Comercio Exterior requiere una renovada visión que no repita los mismos errores del pasado. Durante la década pasada se aplicaron distintas medidas de restricción comercial durante ocho años, y lo único que se consiguió es encarecer los costos de la plataforma de producción y a la vez el consumo, desestimulando la demanda por la vía de mayores precios.
Una economía dolarizada no puede estarse cerrando recurrentemente; por el contrario, debe abrirse y hacer un mayor esfuerzo por atraer capitales. Bajo este enfoque estratégico la tasa aduanera seguirá siendo un lastre hasta que sea eliminada. Cuanto antes mejor.
